Lo curioso en este affaire es que ningún analista se ha preguntado la cuestión más elemental: porqué un secretario de Finanzas estatal, que tiene acceso a recursos financieros y a cuentas bancarias de todo tipo, habría de guardar fajos de billetes con sus respectivas fajillas y con numeración consecutiva en la sala de su casa, como lo haría un marchante del tianguis o un narcotraficante. No, es más fácil desviar la atención a otras partes. Ya las autoridades responsables han solicitado que se revise la cuenta pública del estado para ver la posibilidad de algún desfalco. Ruta compleja y complicada. La teoría de la navaja de Occam nos permite señalar que la respuesta al origen de esos 88 millones es más ominosa, y señal de una corrupción más grande que la que la prensa quiere hacerle creer a la opinión pública.
En efecto, como lo señalé en un comentario en Facebook, ese dinero demuestra otra forma de corrupción, una de las peculiaridades de nuestro sistema político. ¿De dónde viene ese dinero, entonces? Como lo dije en FB, se trata de un sobrante. Pero, ¿sobrante de qué?
Para responder a esa pregunta hay que dirigir la mirada a otra parte, a las campañas políticas del año pasado. De allí viene ese dinero. Como se sabe, hay un proceso de supuesta fiscalización de los recursos utilizados en las campañas electorales, y el IFE es la institución encargada de tal labor. Curiosa forma en que los dineros públicos se "vigilan". No lo hace quien debería, la Secretaría de Hacienda, sino un tercero, que no cuenta ya no se diga con los elementos y herramientas para hacer esa tarea, sino con la voluntad de hacerlo. La fiscalización del IFE es una vacilada, pues no fiscaliza nada, y como árbitro de fútbol no ve los penaltis ni las faltas y sólo hace como que vigila, y ante las evidencias sólo finge demencia. Pero lo cierto es que ni tanto el IFE como la SHCP como los propios partidos desean que se haga una auténtica fiscalización.
Nadie como la SHCP para escurrir el bulto en cuanto a realizar sus responsabilidades. Sabido es que una de las razones de la baja recaudación fiscal en el país se debe a que Hacienda no mueve un dedo para cobrar impuestos y fiscalizar a los contribuyentes, dejando esta tarea a las papelerías que imprimen talones y facturas fiscales, y que son quienes en realidad hacen la labor fiscal: quien quiere cobrar honorarios o expedir facturas debe registrarse con ellos, y cumplir una serie de requisitos que les permita seguir teniendo actividades fiscales dentro de la ley. Siempre será más fácil que otro haga las labores que le tocan a uno, pero sobre todo más económico. El gasto de la investigación y fiscalización corre sobre ese tercero. Lo mismo ocurre con los partidos políticos. ¿Por qué habría la SHCP de fiscalizarlos, aun siendo su obligación y teniendo las herramientas necesarias a su disposición, si puede hacerlo un tercero que no tiene esas herramientas ni la voluntad y que todo lo hace como no queriendo hacerlo?
La fiscalización a los partidos políticos se basa en el principio de laissez faire, y en el de la incompetencia del fiscalizador, cuyas labores son siempre a posteriori e insuficientes. Y es que es relativamente fácil revisar el gasto en publicidad en anuncios cuando estos se hacen a la vista de todos, entre unos cuantos participantes (Televisa, TV Azteca, etc.), pero cuando ese gasto se multiplica y divide literalmente entre miles y miles de participantes es imposible hacerlo, en particular porque el IFE no está en condiciones de hacerlo, ni tampoco la SHCP.
Y es que hay dinero que puede ser rastreado, y dinero que no. Los 88 millones pertenecen a esta última categoría. En una conversación con un impresor de gran formato para lonas me enteré, entre muchas cosas, que México es el segundo consumidor mundial de lona, sólo después de China. En esa conversación salieron muchas otras cosas a la luz, que explican el origen de esos 88 millones en dinero almacenado en una casa.
Imagine el lector una escena como extraída de El padrino, repetida en cientos sino es que miles de otras ubicaciones en todo el país. En una oficina grande, en algún edificio vetusto sin mayor relevancia, se congregan a lo largo de varias jornadas docenas y docenas de impresores de lona, y todos van a lo mismo. En la recepción se ven congregando a lo largo de días enteros y ninguno sale con las manos vacías. Algunos llegan con carritos como los que usan en el aeropuerto para transportar las maletas, otros llegan con montacargas o camiones tipo Ram o similares. Pasan a la oficina de a uno por turno, y son recibidos por un tipo que sólo les pregunta cuanto van a imprimir y cuanto necesitan. Acto seguido les entregan desde portafolios llenos de billetes recién salidos del Banco de México, con sus fajillas intactas y con numeración obviamente consecutiva, hasta aquellos que necesitan cantidades estratosféricas que sólo cabrán en sus vehículos. No hay entrega de recibo alguno ni papel que comprometa a nadie, todo es de palabra. En un un sólo día pueden entrar a esa oficina un centenar de impresores, a quienes nadie fiscaliza, ni siquiera quienes les entregan semejante danza multimillonaria. Quien no cumpla podría no volver a tener trabajo de ese tipo en la siguiente campaña electoral, o algo peor. Nadie piensa, por supuesto, en no cumplir. Todos los impresores cumplen sin chistar. No hay mejor estímulo que un futuro promisorio. Quien me platicó esto salió con unos diez portafolios. Otros salían con mucho más. Y esto está escena se repite en todo el país, sin muchos cambios. Dinero que el Banco de México proporciona a los gobiernos tanto federal como a los locales de la misma manera que son entregados a los miles de impresores: sin un solo documento que acredite la entrega de ese dinero. Lo saben los partidos, lo sabe el IFE, lo sabe Hacienda, todos los involucrados lo saben. Sólo la sociedad civil, la opinión pública, no lo sabe.
En cada proceso electoral el dinero fluye a raudales, como un río subterráneo al que sedientos llegan los impresores, a quienes no se les da ninguna información ni se les dice nada como "el partido necesita", "el jefe dice", "el señor gobernador" ni nada por el estilo. Se sobreentiende todo. Lo único que se les pregunta es a cuántos metros se comprometen a imprimir y cuánto dinero necesitan. Acto seguido, sin ningún recibo ni firma ni nombres de por medio, se entrega el dinero. En todo el país, en todos los estados, en cualquier ciudad, sucede lo mismo, cientos, miles de veces. Una vez entregado el dinero, no hay nadie supervisando o tomando nota de lo impreso. Como buenos soldados, cada impresor sabe lo que tiene que hacer y lo cumple a pie juntillas, así tengan que subcontratar a impresores menores para cumplir la cuota que él mismo estableció.
El Banco de México entrega generosamente toneladas métricas de billetes a los gobiernos locales tanto como al federal, producto de la propia legislación y de las muchas facultades discrecionales que tienen los diversos niveles de gobierno y las muchas, enormes lagunas que la legislación electoral no menos que la judicial tienen a propósito --¿alguien cree que los beneficiarios de estas medidas se harían el hara-kiri?
Literalmente los candidato a cargos de elección popular estarían dispuestos a matar por llegar a cualquier cargo si no fuera que no es necesario que la sangre llegue al río.
El dinero repartido es dinero maldito, en más de un sentido. Los impresores necesitan millones de metros de lona de manera súbita y sólo pueden pagar en efectivo, con todos los inconvenientes que eso trae. La SHCP exige que los vendedores de lona informen puntualmente cualquier compra sospechosa, sea por su volumen o por el método de pago, pero sin importar cómo lo hagan terminan por cumplir su cometido. De ese dinero maldito todos se quieren deshacer, y los impresores son los que más batallan, pero no son los únicos.
Justamente esos 88 millones de los que ni el ex gobernador de Tabasco, Andrés Granier, ni su ex secretario de Finanzas, José Manuel Saiz, ni mucho menos el de Egresos (porque en el fondo nada tiene que ver con el asunto), Miguel Contreras, tienen (ni quieren) nada que decir son parte de ese dinero maldito. Y en el fondo son las propias autoridades judiciales a las que podría estallarle el cohete entre las manos, y tendrán que hacer maromas para evitar que el verdadero pez gordo (gordísimo, Keiko con sobrepeso), Agustín Carstens, tenga que explicar lo que todos los actores del panorama político saben perfectamente: ese dinero salido del BM, y del que correctamente Ciro Gómez Leyva señaló que la institución del ex secretario Rotoplás podría dar perfecta cuenta de incluso la fecha en que les pusieron las fajillas a esos billetes y todo lo relativo a su salida de las instalaciones de la Fábrica de billetes hasta quien los recibió, es el sobrante de ese dinero maldito que no llegó a sus destinatarios finales: impresores de lona del estado de Tabasco. Ese es uno de los extremos de la madeja.
¿Corrupto Granier y su secretario de Finanzas? Probablemente sí, tienen mucha cola que les pisen; pero en este caso, ese dinero viene de más arriba de ellos, viene de la discrecionalidad que los distintos niveles de poder tienen en nuestro país, una corrupción sistémica, orgánica, que en el fondo nadie quiere realmente combatir, porque todos, tarde o temprano, se benefician de ella.
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